Colectivos ecologistas e Imagina consideran que la presión de las eléctricas es la causa del sí a Garoña

Imagina Burgos con los ecologistas y vecinos del norte apuntan a “una decisión política” el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)

La decisión del Consejo de Seguridad Nuclear de dar luz verde a prorrogar la vida útil de la Central de Garoña hasta los 60 años si cumple los criterios técnicos de seguridad que se le han marcado, “es una garantía para que el resto de las centrales de España intenten seguir operando pasada su vida útil”, así lo ha explicado el portavoz de Imagina Burgos en la Diputación, Marco Antonio Manjón.

Se pregunta el diputado “¿quién necesita a la central, salvo las grandes eléctricas para enriquecerse,  tal como lo ha demostrado el hecho de que nadie se ha quedado sin electricidad durante los años en los que la central nuclear de Garoña ha estado parada?”. Cree que “estamos ante una decisión política” impulsada por el interés de las grandes eléctricas, gracias al PP con la complicidad de Ciudadanos y del PSOE “que le auparon al gobierno de la nación”.

El peligro del que alerta es “una posible reclamación del lucro cesante”, además de crear el precedente “para alargar la vida útil hasta los 60 años del resto de las centrales”. Pero lo trágico “es que no se duda en poner en riesgo innecesario a miles de personas” no ya por la necesidad de suplir un problema de necesidad energética que no existe, “sino por beneficiar los intereses del sector eléctrico español”.

Europa lo dice de una manera clara; “Si un Estado miembro opta por la explotación nuclear y decide prorrogar la autorización de funcionamiento, tiene que cumplir todos los criterios de seguridad nuclear recogidos en el Tratado EURATOM y en el derecho derivado”. Y entre los objetivos del tratado figura “garantizar un elevado nivel de seguridad para la población”.

Atendiendo a este criterio, el Grupo Imagina en la Diputación ha pedido “una dación de cuentas sobre el estado de los protocolos de seguridad en las comisiones de Medio Ambiente y en la de Protección Civil”.

Uno de los expertos en temas nucleares de Imagina y miembro de Ecologistas en Acción Arístides García criticó que la decisión la tomen “personajes políticos” al mismo tiempo que los expertos que se reúnen con asiduidad y saben lo que pasa, han reclamado que no se les ha preguntado nada”. Reprochó a Nuclenor que haya tenido cuatro años para realizar las doce mejoras pedidas por presión de Europa tras Fukushima, «y sin embargo ha estado más pendiente de quién seguía en el poder y de hacer el Almacen Temporal Individualizado». Así como del posible lucro cesante porque si se les da la opción de reabrir y luego no sigue adelante, la indemnización podría rondar los “800 a 1.000 millones de euros”, ha calculado.

Pero es que tampoco se ha implementado un plan de recuperación de la zona, algo de lo que también se ha quejado el portavoz de Vivir en Tobalina, José Luis Conde, quien ha recordado que  desde que Garoña abrió sus puertas, el Valle de Tobalina ha ido perdiendo población paulatinamente, desde “los 3.500 a los 900 habitantes que somos ahora”. Además, recuerda que Nuclenor “no ha invertido” en la zona, sino que se ha limitado en las últimas décadas a dar “dádivas” y pagar los impuestos correspondientes.

 

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