Insistimos en que el Ayuntamiento debe proteger jurídicamente a la ciudadanía para no asumir injustamente toda la deuda del Consorcio del desvío ferroviario.

Él Pleno ha rechazado el acuerdo que el Partido Popular había aprobado a solas con los bancos del Consorcio, tras una negociación opaca y que resultaba beneficiosa para las entidades, en contra de los intereses de la ciudadanía.

consorcioEste acuerdo suponía que el Ayuntamiento asumiera el pago de una deuda incierta, mediante “cómodas cuotas” anuales de 3,5 millones de euros, hipotecando el futuro de la ciudad durante 15 años como mínimo y sin saber exactamente cuánto se deberá al Consorcio tras ese periodo. Estas cuotas, unidas a las del convenio de Villalonquéjar, lastrarían tremendamente los presupuestos del Ayuntamiento, con los consecuentes recortes en inversiones. Es muy llamativo que el Partido Popular en su negociación haya aceptado la negativa de los bancos a hablar de quitas, daciones en pago a través de los terrenos o de reestructuración de la deuda.

Desde Imagina, seguimos insistiendo en la coherencia de nuestra postura, desde febrero de 2015, de declarar lesivo el Convenio del desvío,  hacer una auditoría del origen de la deuda y crear un equipo jurídico-técnico para proteger a la ciudadanía, que no debe asumir injustamente todo el sobrecoste de una infraestructura que no es de titularidad municipal.

En contraposición a la estrategia del miedo a la paralización de los presupuestos que ha intentado inculcar el Partido Popular para presionar a aprobar este convenio, Raúl Salinero ha hecho un llamamiento a la calma, aclarando que son los bancos los que tienen un mayor miedo a la disolución. Parece ser que las prisas por “agarrar” al Ayuntamiento con este acuerdo antes del 31 de Julio, pueden tener que ver con la entrada en vigor en octubre de la Ley 40/2015, que en su artículo 127 regula cómo debe producirse “la disolución del consorcio”, inclinando la balanza a favor de la administración, quien será la encargada de controlar la liquidación -que puede realizarse a través de activos o aportes económicos- y podría exigir que las fundaciones, como miembros del Consorcio, asuman también su parte de deuda.

Raúl Salinero exponía esta semana en rueda de prensa la situación real del consorcio, aportando otras vías de resolución del conflicto con la banca.

Hoy se demuestra el gran fracaso de la macro-estructura económica del Partido Popular de Burgos, tras la disolución del consorcio del aeropuerto, aprobada también en este Pleno y el evidente agujero económico que ha supuesto el desvío del ferrocarril y “los sueños dorados de Aparicio y Lacalle de poner incluso un tranvía en Burgos”.

Recalcamos por tanto que debe seguirse la hoja de ruta que ya venimos señalando desde hace un año y que fue aprobada en el Pleno de Noviembre de 2015: auditar la deuda y crear una comisión técnica/jurídica que proteja los intereses de la ciudadanía. En dicha proposición explicábamos, desde su origen, toda la trama de especulación urbanística que nos ha llevado a la difícil situación actual.

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