Declaración de la provincia de Burgos como ‘territorio libre de empresas con sede en paraísos fiscales’

Tal y como declaraba el pasado martes el portavoz de Imagina Burgos en la Diputación provincial, Marco Antonio Manjón, el Pleno de este Viernes ha aprobado una declaración institucional conjunta apoyada por todos los grupos políticos, a petición de la ONG Intermón Oxfam, para declarar la provincia de Burgos como “territorio libre de empresas con sede en paraísos fiscales”.

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A continuación, el texto íntegro de la Declaración Institucional que nuestra candidatura ciudadana, como no podía ser de otra manera, ha apoyado:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los paraísos fiscales, como sistemas opacos por los que pasan la mitad del comercio mundial, según datos de las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD) provocan disfunciones en el ámbito global y en el local. Con impuestos próximos al 0%, la elusión fiscal de las grandes empresas a través de los paraísos fiscales supone una discriminación económica para las pequeñas y medianas empresas que no pueden y/o no quieren hacer uso de ellos.

La elusión fiscal a través de paraísos fiscales también disminuye la recaudación pública, por lo que es más difícil financiar el gasto de servicios básicos. Debido a su opacidad, los paraísos fiscales facilitan el blanqueo de capitales, la corrupción, la financiación del crimen organizado, de mafias y de grupos terroristas, el encubrimiento de tráfico de armas y otras actividades contrarias a los derechos humanos y al bien común.

Las graves consecuencias que conllevan los paraísos fiscales han hecho que diferentes actores internacionales (G7, G20, OCDE, UE) estén tomando medidas para obligar a un mayor control sobre la utilización de los paraísos fiscales por parte de grandes empresas para eludir o evadir impuestos. En este sentido, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ha establecido que las empresas multinacionales tengan la obligación de presentar un listado de todas las filiales en cada uno de los países en los que opera así como sus datos de actividad económica y pago de impuestos en cada uno de estos países (Country‐by‐country reporting).

El Gobierno español ha incluido este requerimiento de información que las empresas han de presentar a partir de 2016 que, sin embargo, limita el alcance de este tipo de medida, ya que sólo se requiere a empresas que facturen más de 750 millones de euros al año y se impide que sea información de divulgación pública.

Las administraciones locales pueden reducir el impacto global de los paraísos fiscales y tratar de modular el comportamiento fiscal de las empresas hacia prácticas responsables a través de un mayor control de los concursos públicos locales, para que éstos se den en condiciones de libre competencia, y no de ‘dumping’ fiscal, y velando por un sostenimiento de los recursos públicos.

Por estos motivos, la Diputación Provincial de Burgos se compromete a:

1. Declarar la provincia territorio libre de empresas con sede en paraísos fiscales, comprometiéndose a dar los pasos necesarios para asegurar que los concursos públicos favorezcan a las empresas que tienen conductas fiscales responsables, en detrimento de las empresas que utilizan los paraísos fiscales para evadir o eludir impuestos.

2. Estudiar, detectar y activar los mecanismos necesarios para impedir la contratación de empresas privadas para prestar servicios públicos que tengan su sede social en paraísos fiscales o sociedades que formen parte de la matriz industrial domiciliada en paraísos fiscales.

3. Comprometerse a tomar las medidas de transparencia siguientes:

A. Hacer público el compromiso de esta moción a los ciudadanos de nuestra provincia.

B. Hacerlo llegar a los grupos parlamentarios; y a la Comisión de Economía de la Junta de Castilla y León; y al Ministerio de Hacienda;

C. Compartir con otros municipios de la provincia; con otras diputaciones y con la ciudadanía, a través de las organizaciones que tienen conocimiento expreso de ello, la información relativa a las decisiones sobre las empresas que han recibido puntos positivos y las que no, en función de su responsabilidad fiscal.

D. Estos compromisos se han de traducir en la tramitación de las disposiciones legales necesarias para su articulación en el plazo de tiempo más breve posible desde la aprobación de la presente declaración institucional.

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