El Pleno de Diputación aprueba instar a la Junta a que se haga cargo de los gastos de mantenimiento de los colegios rurales en su totalidad

La delegación de competencias en los municipios debe ir acompañada siempre de la correspondiente dotación presupuestaria.

Colegio Rural_Pampliega_Fuente DBEl Pleno de la Diputación, a instancias de Imagina Burgos, ha aprobado que sea la Junta de Castilla y León la que asuma todos los gastos derivados del mantenimiento y funcionamiento de los colegios rurales o comarcales y se inste a la modificación legislativa para que esto se lleve a cabo.

Tras la discusión en el Pleno de hoy, Imagina ha retirado de su proposición el copago de los ayuntamientos que trasladan a los alumnos al cabecera de concentración asumiendo la sugerencia de los grupos de la Diputación de que sea la propia Junta la que asuma el pago dado que se trata de su competencia, trasladada a los entes locales.

El portavoz de la candidatura ciudadana, Marco Antonio Manjón, ha recordado que en la disposición adicional decimoquinta de la ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local se detalla que las normas reguladoras del sistema de financiación autonómica “fijarán los términos en los que las comunidades asumirán la titularidad” de estas competencias “para lo que se contemplará el correspondiente traspaso de medios económicos, materiales y personales”. La delegación de competencias en los municipios debe ir acompañada siempre de la correspondiente dotación presupuestaria.

E hizo alusión a la sentencia 50/2014 de 20 de mayo de 2015 pronunciada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que determinaba que el Gobierno de esa Comunidad debe pagar a los ayuntamientos con concentraciones escolares los gastos de mantenimiento de los centros derivados de los alumnos de otros pueblos.

La proposición es fruto de las aportaciones recibidas en la Jornada Provincial de Imagina Burgos celebrada en abril de este año en la que se demandaba, por parte de muchos participantes, que los distintos ayuntamientos con niñas y niños que acceden a un centro educativo ubicado en una localidad distinta a la suya, se impliquen en el pago, por ley, de la parte correspondiente al mantenimiento del mismo.

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