Denunciamos la “desidia” de Lacalle para solucionar el conflicto del cenador de la muralla

Pueden pasar años hasta que se resuelvan las controversias judiciales dado que el propietario ha llevado el caso a los tribunales

“Desidia, falta voluntad”, son los argumentos que la edil de Imagina Burgos Sara Hojas atribuye al equipo de Gobierno del alcalde, Javier Lacalle, para definir el estado de la tramitación de “devolución a la legalidad” de la instalación, por parte de un particular, de una pérgola-cenador en el tramo de la muralla correspondiente a la calle de la Trinidad.

Imagina Burgos ha reclamado, incluso con proposiciones al Pleno, que el PP “aclare si este tramo de muralla es de titularidad pública o privada”, ha explicado Hojas. De hecho, la edil ha denunciado que no se ha cumplido, una vez más, la proposición aprobada el pasado mes de febrero por unanimidad, en la que se pedía a Patrimonio Municipal que se elaborase un estudio para definir las propiedades municipales de la muralla

Desde la candidatura ciudadana, tras varias consultas a expertos, se ha concluido con que  la muralla es “pública” y por tanto es propiedad de la ciudad.

A la luz de todo ello, la pérgola podría ser una instalación ilegal colocada en un Bien de Interés Cultural (BIC) y por tanto debiera ser retirada al tratarse de un bien “inmueble” que no permite el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se colocó sin licencia municipal y sin la autorización de Patrimonio.

Por ello, el Ayuntamiento de Burgos debía de  iniciar de manera inmediata los trámites administrativos para exigir su retirada; algo que debió de iniciarse en agosto de 2016. Entre tanto, el propietario se ha negado desde un primer momento a retirar este elemento que considera móvil y desmontable; además ha argumentado que el lienzo de muralla entraría dentro de la propiedad de su vivienda, afirmación que choca con los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento.

Antecedentes

El pasado verano, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Licencias y Urbanismo, remitía al propietario el expediente, con el informe de la Comisión Territorial de Patrimonio pendiente, y se abrirá un nuevo periodo de alegaciones.

El retraso de la Junta de Castilla y León en implicarse en la polémica, y emitir informe que el Ayuntamiento consideraba imprescindible para tomar cualquier tipo de decisión, obligó a Licencias a volver a dar audiencia al propietario, para que el expediente se tramitara con la mayor seguridad jurídica posible.

La polémica quedó al descubierto tras su publicación en la prensa local y el Ayuntamiento, desconocedor de esta irregularidad, tuvo que mover ficha inmediatamente para proceder a restaurar la legalidad que, más de un año y medio después, no ha llegado.

En agosto pasado, se completó el expediente con las aportaciones del Ayuntamiento de Burgos y con las realizadas por la Junta de Castilla y León. Se remitió al interesado y está ahora a la espera de que se resuelva el trámite legal dado que el propietario ha interpuesto un demanda judicial.

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