El Gobierno podría intervenir al Ayuntamiento por las deudas insostenibles de los consorcios

Imagina alerta de este riesgo / Un informe de Intervención ya puso de manifiesto que la deuda no sostenible de 47 millones del Consorcio del Desvío se debería sumar a la deuda del Consistorio, pero tanto el PP como el PSOE dieron el sí a la reestructuración de la deuda

El Ayuntamiento de Burgos corre el riesgo de verse intervenido por el Gobierno por la deuda “insostenible” del consorcio del Ferrocarril que se cifra en 47 millones de euros si a esta se le une el mismo concepto del Consorcio de Villalonquéjar, que ronda los 28 millones de euros. Así lo ha asegurado el portavoz del Grupo Municipal de Imagina Burgos, Raúl Salinero. Con la primera se llega al 60% de endeudamiento; las dos juntas, el 75%.

Esto es así porque la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de diciembre de 2013 sólo permite un endeudamiento del 75%, por encima del que las entidades locales están obligadas a poner en marcha un plan de austeridad. Por encima, el Ayuntamiento “quedaría intervenido por el Estado”.

Salinero ha explicado que el informe de Intervención apuntaba que la deuda no sostenible de 47 millones de euros del Consorcio del Desvío Ferroviario se debería sumar a la deuda del Consistorio, pero tanto el PP como el PSOE dieron el sí a la reestructuración de la deuda.

En la actualidad, el Estado está revisando la situación para realizar una auditoría de la deuda total del Consorcio del Desvío; si se disuelve, la  deuda total de 160 millones de euros, se computaría como deuda viva. Todo ello se agravaría si ocurre lo mismo con Villalonquéjar, que acumula dos años de pérdidas consecutivos y está en causa de disolución.

Por todas estas razones, ahora se hace necesario revisar el informe del gabinete de Jiménez Blanco que realizó un estudio sobre la deuda del Consorcio del Desvío y que los servicios municipales elaboren otro informe con Villalonquéjar.

Imagina viene reclamando desde su llegada al Ayuntamiento una alternativa más justa para que no sean los burgaleses quienes paguen el sobrecoste de esta infraestructura que no es de titularidad municipal, mediante una Comisión de investigación, auditoría del origen de la deuda, negociar con las entidades otro convenio en el que se incluya una dación vinculado con un Plan de Ventas, una moratoria de los intereses en los primeros años  y una actuación a nivel estatal.

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