Defendemos la gestión pública de los nuevos Equipos de Inclusión Social (EDIS)

Nuestro grupo ha defendido una vez más la no externalización por “razones económicas, laborales y de calidad del servicio” / A mayores, propusimos la inclusión de clausulas socio-laborales para la mejora al pliego de contratación, en previsión del rechazo a la gestión pública por parte del resto de grupos, como así ha sido

edis-servicio-publico-vs-externalizacion

El pasado viernes se aprobaban los pliegos de contratación para la gestión de los EDIS (Equipos de Inclusión Social). Se trata de un nuevo servicio que reclamaban los y las asistentes sociales desde hace varios años y cuyo objetivo es crear un equipo de personas que trabajen en la inclusión social, orientación, formación y acompañamiento de personas desempleadas, en situación de vulnerabilidad, riesgo o exclusión social que son usuarias de los servicios sociales municipales.

Nuestro grupo, a través de la concejala Blanca Guinea, ha defendido una vez más las enormes ventajas de la ‘no externalización’ de este importante servicio por múltiples razones. Ante la falta de apoyo por el resto de grupos, hemos solicitado un informe a Personal “que nos vuelva a justificar la negativa del equipo de gobierno a que se gestione desde el ámbito municipal, a pesar de que la legislación lo permite”.

Ventajas de la gestión pública

Son varias las razones por las que defendemos que estos equipos se gestionen desde lo municipal. En primer lugar, velar por la calidad de un servicio en el que el vínculo profesional y la continuidad del personal laboral tiene un gran valor, ya que hablamos de “facilitar y de acompañar procesos de inserción”. La cesión de datos personales de los usuarios/as a emplesas externas es otro factor que puede ser problemático.

En segundo lugar, por cuestiones económicas y laborales, ya que ceder la gestión a una empresa no supone un ahorro para la administración y sin embargo, sí repercute en la calidad de los puestos de trabajo generados. En este sentido intentamos, sin que fuera aceptado, incluir en los pliegos la obligatoriedad de respetar la categoría laboral de los y las trabajadoras, además de puntuar mejor a las empresas cuya plantilla incorpore un mayor porcentaje de trabajadores indefinidos, mujeres, personas en riesgo de exclusión socio-laboral o con discapacidad.

La contratación de, en este caso, seis personas, bien podría servir para fortalecer unos servicios sociales de base que presentan muchas carencias (alta carga de trabajo, asunción de cada vez más funciones y carga burocrática, largas listas de espera para los usuarios…). Estamos en total desacuerdo con el modelo de gestión del Partido Popular en Servicios Sociales, donde ya casi todos los programas están externalizados (Equipos de Apoyo a Familias, Equipos de Atención a la Dependencia – EPAP, programa Dual…) o si no, conveniados con asociaciones o tercer sector (programa de Persona Sin Hogar, atención a inmigrantes…).

Una vez más, defendimos que se dé mayor valor a los factores de calidad que a la oferta económica (65 puntos), pero no fue aprobada nuestra propuesta de rebajar su puntuación al 50% (el mínimo permitido por Intervención).

 

FacebooktwitterFacebooktwitter

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *