Imagina pide a Diputación que reclame igualdad de trato para inversores pequeños frente a grandes empresas en materia de producción energética

Existe agravio al contraponer los intereses de los grandes grupos internacionales frente a los pequeños promotores de energía sometidos a la legislación española y a los tribunales estatales, y el Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a cualquier reclamación de indemnización.

Imagina Burgos pedirá en el Pleno del viernes 2 de junio que  la Diputación Provincial de Burgos inste al Ministerio de Justicia a que equipare las mismas sentencias que se desprendan de la intervención de órganos arbitrales internacionales a cuantos afectados en materia de energía fotovoltaica existan en el Estado español con las mismas características.

La candidatura ciudadana llevó en su día al Pleno una proposición sobre los peligros de los tratados internacionales, en especial el TTIP y el  CETA, todos los portavoces acusaron a este grupo de demagogo y consideraron una de pérdida de tiempo el tratamiento de este asunto aludiendo a que se trataba de un tema de política nacional e internacional sin cabida en un foro provincial.

Sin embargo “dos años después de aquella llamada de atención”, la prensa recogía el pasado 15 de mayo una noticia preocupante que hace referencia directa a uno de los ejemplos que en el debate sobre aquella proposición puso la candidatura ciudadana sobre la mesa.

La información aludía, por una parte a que en la provincia de Burgos hay 3.700 afectados con una pérdida anual de 1,5 millones de euros solamente en materia de energía fotovoltaica. Y por otra que los dueños de estas instalaciones solares han dejado de ingresar una media de 1,5 millones de euros por año en conjunto por el cambio normativo. El Tribunal Supremo zanjó cualquier posibilidad de recuperar lo prometido en primas a los inversores nacionales.

5.000 millones

Son 26 laudos arbitrales de reclamaciones por más de 5.000 millones de euros. Dado que las decisiones de estos organismos arbitrales internacionales son favorables a los grupos de inversión reclamantes, “el Estado tendrá que  pagar sin remisión”.  Y pleitean ahora con España, a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversores (CIADI) del Banco Mundial

Para Imagina Burgos, resulta “una paradoja que desde el Gobierno se ponga el grito en el cielo con el tema catalán, pero que escondan la cabeza debajo del ala ante la amenaza a la independencia e integridad nacional que suponen estos grandes tratados internacionales”.

España tiene firmado un tratado internacional con 49 países desde 1994, en materia de energía, la Carta de la Energía, sometido a un proceso de arbitraje internacional. Un tratado que especifica que en caso de litigio,  se puede someter la solución de la controversia a un tribunal nacional o a un arbitraje internacional.

Agravio

El agravio se produce al contraponer los intereses de los grandes grupos de inversión internacionales frente a los pequeños promotores de energía fotovoltaica y termo solar locales, sometidas a la legislación española y a los tribunales estatales, y Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a cualquier reclamación de indemnización por las pérdidas ocasionadas por el cambio legislativo español. Así lo dice la Carta de la Energía: “Un gobierno puede referir una controversia relativa a una disposición no comercial (con una o dos excepciones) a un tribunal de arbitraje cuya sentencia será definitiva y vinculante para el Gobierno concernido por la controversia”.

Texto de la proposición completa.

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