Moción conjunta de apoyo a las educadoras y educadores sociales.

Imagina Burgos ha impulsado, a petición del CEESCYL (Col. Prof. Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León), que se lleve de forma conjunta al Pleno de Noviembre, tanto de Ayuntamiento como de Diputación de Burgos, una moción conjunta de apoyo a la regulación de la Educaicón Social como profesión.

Desde finales de 2016, el Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadoras Sociales (CGCEES) y los Colegios Profesionales que lo integran están impulsando la campaña institucional #PORUNALEYDEEDUCACIÓNSOCIAL, para que el Estado reconozca este perfil como una profesión regulada. En este enlace se puede ver información completa al respecto.

 Numerosas corporaciones locales, diputaciones provinciales y cortes regionales han aprobado mociones de apoyo a la petición de una Ley Estatal de Educación Social que han sido apoyadas por unanimidad en los diferentes plenos o se encuentran en proceso.

DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE BURGOS APOYE LA REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN SOCIAL COMO PROFESIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Educación Social es una profesión que nace para cubrir una serie de demandas y necesidades sociales. El Consejo General de Colegios Profesionales de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) la define como:

“Derecho de la ciudadanía que se concreta en el reconocimiento de una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas, que son ámbito de competencia profesional del educador social, posibilitando:

  • La incorporación del sujeto de la educación a la diversidad de las redes sociales, entendida como el desarrollo de la sociabilidad y la circulación social.
  • La promoción cultural y social, entendida como apertura a nuevas posibilidades de la adquisición de bienes culturales, que amplíen las perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social.”

La justificación de la necesidad de promulgación de una Ley de Regulación de la profesión de Educador Social se encuentra en que la misma:

  1. Es imprescindible para abordar determinadas necesidades sociales a las cuales da solución con actuaciones específicas.
  2. Es una prestación educativa, al servicio del cumplimiento de los valores fundamentales de un Estado de Derecho (igualdad, justicia social y consciencia democrática).
  3. Es una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas.
  4. Abarca amplios e importantes campos en nuestra sociedad, entre otros: desarrollo comunitario y participación ciudadana, diversidad funcional, intervención familiar, inserción socio-laboral, minorías, mediación, prevención, salud mental, mujer, reinserción y protección de la infancia y juventud, etc.

Pese a ser una profesión relativamente poco conocida, es desde los años 90 una titulación universitaria. El reconocimiento académico y formativo de la Educación Social se articuló tras la aprobación en el año 1991 del Real Decreto 1420/1991, de fecha 30 de agosto, que reguló el diseño curricular de las formaciones para la diplomatura universitaria de Educación Social.

Actualmente la Universidad de Burgos imparte el Grado en Educación Social, pero desde el curso 93-94, hace más de 20 años, se comenzó a impartir en Burgos la Diplomatura de Educación Social, cursando estas carreras muchas burgalesas y burgaleses jóvenes que no tienen las oportunidades de aplicar todo su saber tan útil y necesario, por la falta del reconocimiento  que merece esta profesión en muchos ámbitos y administraciones.

Podemos entender la figura de la educadora o del educador social como un dinamizador o un agente para el cambio, que responde a distintas necesidades socioeducativas como: la prevención de la exclusión social, la inclusión social o el favorecimiento de la participación social. Los educadores/as sociales son unos profesionales que diseñan, gestionan e implementan, programas y proyectos socioeducativos.

La profesionalización de la figura de educador social supuso importantes mejoras en lo tocante a su formación, a la consolidación de las prácticas socioeducativas y al desarrollo de nuevas herramientas. Las educadoras y los educadores sociales intervienen de forma directa, para actuar sobre determinadas situaciones sociales, a través de estrategias de carácter educativo. Además, se organizan en colegios profesionales, que promueven el desarrollo de la disciplina y fomentan las buenas prácticas.

No obstante, la falta de regularización de la profesión impide un establecimiento claro de su alcance y sus límites, favoreciendo el intrusismo y la falta de criterios a la hora de afrontar procesos públicos de selección de esta figura profesional y de determinar sus funciones.

Su incorporación a los equipos profesionales de servicios sociales básicos de los ayuntamientos, como administración más cercana a la ciudadanía, está siendo muy lenta. En la actualidad es un perfil habitual y fundamental en otras comunidades autónomas como Cataluña y País Vasco, no dándose esta situación en Castilla y León.

La Educación Social, sin embargo, no puede sino considerarse una profesión estable, dotada de un cuerpo de conocimientos distintivos y específicos provenientes de la investigación científica y el desarrollo teórico de la pedagogía social, plasmados en la formación de diplomatura o grado. El desarrollo de funciones públicas específicas con criterios técnicos de intervención, el reconocimiento de una retribución económica, la asunción de un compromiso ético y el autocontrol sobre el colectivo que ejercen los colegios profesionales son argumentos que evidencian un claro desfase entre la realidad de la profesión y su falta de regularización por parte de las administraciones.

Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Burgos adopta los siguientes

ACUERDOS

  1. Manifestar el apoyo del Ayuntamiento de Burgos a la Educación Social como profesión que cubre necesidades y demandas de la ciudadanía y genera cambios sociales a través de la educación.
  2. Instar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a la creación de una Ley de Regularización de la Profesión de Educación Social.
  3. Dar traslado de estos acuerdos al Consejo General de Colegios Profesionales de Educadoras y Educadores Sociales y al Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León.
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