No a la Ley de Racionalización y creación de una nueva Ley de Régimen Local

APROBADA con enmiendas
Enmienda del Grupo Socialista de modificación del punto 1 de la parte resolutiva: “Instar al Gobierno de España y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados a derogar la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local:
1. Instar a todos Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y el Senado a aprobar una nueva Ley de Régimen Local que refuerce la autonomía local, que garantice un sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias bien definidas de los entes locales y aquellas que no siendo propias, previo convenio, puedan desarrollarse sin comprometer la estabilidad presupuestaria con garantías de control y transparencia de la gestión pública.
2. E instar al Gobierno de España y a todos Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados a que impulsen desde el consenso una nueva Ley de Haciendas Locales, que dote de estabilidad, rigor y recursos las competencias asumidas por las entidades locales, de forma coordinada con la de la financiación autonómica, definiendo con claridad la participación de las haciendas locales en los tributos del Estado y en los de las Comunidades
Autónomas.
– A favor: Imagina Burgos (6), Grupo Socialista (7), Ciudadanos (3)
– En contra: Grupo Popular (9), Fernando Gómez (1)
– Abstención: Silvia Álvarez (1)

ciudades con derechosLlevamos al Pleno el apoyo a la Proposición de Ley y por consiguiente de derogación y modificación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. E Instar al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados “a que faciliten y apoyen un proceso participativo en el que participen los entes locales, las asociaciones de municipios, la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto, donde se elaboren las bases para la construcción del nuevo municipalismo del siglo XXI”.

Imagina entiende que las bases de este nuevo municipalismo deben partir de la asunción de nuevas competencias, de garantizar una financiación adecuada y suficiente para las corporaciones locales y de garantizar la transparencia y la participación vinculante de la ciudadanía.

Para leer la proposición

#ciudadesconderechos

La Propuesta de Ley la han presentando los alcaldes de A Coruña, Zaragoza y Vinaròs, Xulio Ferreiro, Pedro Santisteve y Enric Pla, respectivamente; los portavoces de Madrid y Barcelona, Rita Maestre y Gerardo Pisarello; los concejales de Hacienda de Cádiz, Madrid y de Zaragoza, David Navarro, Carlos Sánchez Mato y Fernando Rivarés; los concejales de Iruñea y València, Armando Cuenca y María Oliver, respectivamente; y los jefes de gabinete de A Coruña y Cádiz, Iago Martínez y José Vicente Barcia.

Durante la presentación en el Congreso, también han participado el portavoz parlamentario de Unidos Podemos, Íñigo Errejón; el de En Comú Podem, Xavier Domènech; la de En Marea, Alexandra Fernández; el portavoz de Izquierda Unida, Alberto Garzón; y la secretaria de Acción Institucional y diputada, Auxiliadora Honorato.

Con la aprobación de esta Proposición de Ley, los ayuntamientos podrán recuperar la autonomía local. Lo cual incluye, primar la gestión directa de servicios municipales a la privatización, reduciendo así los sobrecostes que supone la externalización de los mismos; recuperar a su vez competencias y establecer nuevas, como por ejemplo el fomento del empleo, la lucha contra las violencias machistas y la participación municipal; consensuar un nuevo municipalismo para el país, ya que la Ley propone un proceso participativo donde se traten los tres ejes fundamentales de este nuevo municipalismo, que son una nueva Ley de Bases de Régimen Local, para clarificar y aumentar las competencias de los Entes Locales y repensar el papel de las diputaciones; el establecimiento de un nuevo sistema de financiación local que garantice derechos y prestación de servicios esenciales a la ciudadanía; y una apuesta por la transparencia y la participación directa y vinculante de la ciudadanía.

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