PP, PSOE y C’s se niegan a la comisión sobre patrimonio municipal y a limitar a 9 miembros las comisiones y gerencias

El Pleno acepta que Deportes sí se quede en 9 miembros, por imperativo del reglamento,  de los que 5 sean ediles.

 

Los grandes partidos, más Ciudadanos, han rechazado la propuesta de Imagina Burgos (IB) de creación de una Comisión Especial sobre Patrimonio municipal amparándose en que ya hay “una comisión”, Hacienda y Patrimonio, “que puede realizar esa tarea”, han recordado en el Pleno los concejales Antonio Fernández Santos, del PSOE, y Gema Conde, del PP.

La realidad es que a lo que se han negado PP y PSOE, no es a crear esa comisión; a lo que en realidad se niegan es a actualizar el inventario de bienes inmuebles del Ayuntamiento de Burgos de cara a conocer a lo largo de este año 2015 cuantas viviendas, locales, plazas de garaje y cualquier otra propiedad de carácter inmobiliario para saber con qué patrimonio se cuenta.

Se han negado también a que el Ayuntamiento de Burgos, a través de los técnicos municipales especialistas en este tipo de temas, realice un análisis exhaustivo del estado de este patrimonio, uno por uno y presenten en un razonable espacio de tiempo los informes necesarios que posibiliten que la población de Burgos conozca, por un lado el uso que el Ayuntamiento, o sus servicios anejos, está dando en la actualidad a esos inmuebles; y por otro lado, la disponibilidad que éstos tienen y la posibilidad de habitabilidad, en el caso de que se trate de viviendas.

También se han negado a elaborar un informe detallado de aprovechamiento de estos inmuebles para destinarlos a los fines sociales más perentorios y establecer un cauce de diálogo y colaboración con entidades sociales y de compromiso efectivo con las personas que carecen de vivienda o que han resultado perjudicadas como consecuencia de la ejecución de sus hipotecas. Y realizar otro estudio paralelo sobre aquellos inmuebles que no sean susceptibles de ser habilitados como vivienda, para que el Ayuntamiento pueda darlos un uso social, ya sea a organizaciones cívicas, grupos organizados o cualquier otro colectivo social que necesite de locales para el desarrollo de su actividad.

Y por último ha dicho no a la elaboración de un protocolo de gestión de las viviendas y los locales que sean susceptibles de poder ser utilizados por familias que así lo requieran o por las organizaciones que demanden un local.

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