Proponemos al Pleno de la Diputación que fiscalice los fondos públicos que reciben los grupos para dar más transparencia a la Institución

A la derecha, los 3 representantes de Imagina Burgos, Marco A. Manjon, Sara Hojas y Javier Gil

En la Diputación se establece un fijo mensual para gastos de mil euros por grupo más 340 por cargo electo que no queda sujeto a ningún tipo de control por parte de ningún órgano provincial, lo que al año supone un gasto de 150.000 euros que nadie fiscaliza

Imagina Burgos va a pedir al Pleno de la Diputación de Burgos que elabore “un protocolo que regule la gestión de los fondos institucionales” que pone a disposición de los grupos políticos para ayudarles en la realización de su trabajo institucional y en su actividad política.

Además, que reclama, para mayor transparencia, que todos los grupos políticos representados en la Diputación “estén obligados a presentar las cuentas con las facturas, justificantes correspondientes de movilidad y demás documentación acreditativa que el protocolo contemple” para justificar el debido uso de fondos públicos tal como es “preceptivo por la Ley de Trasparencia”, articulando mecanismos para respetar la privacidad de las actuaciones políticas y estratégicas de estos grupos políticos.

Todos estos datos deberán quedar publicados en el portal de transparencia de la página web de la Diputación Provincial de Burgos y puestos a información pública.

Y en todo caso, el dinero que no se emplee en la labor política se reintegre a la Diputación para que sea destinada a un fondo de remanentes que incremente, en el ejercicio siguiente, la partida de disminución de deuda o inversiones sostenibles.

El portavoz de Imagina Burgos en la Diputación, Marco Antonio Manjón, expone esta propuesta basándose en la necesidad de “transparencia”, pero también de “responsabilidad política y de fair play, o juego limpio democrático”, y con la proposición “pretende sumar una aportación para hacer más eficaz y trasparente a esta administración”.

Sólo cuando la acción de los responsables públicos “se somete a escrutinio”, se puede hablar del inicio de un proceso en el que los “poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de su parte”, apunta.

Asignaciones

El Pleno del 16 de julio de 2015 establecía la asignación económica a los grupos políticos  que estos han de dedicar a los gastos propios que genera el grupo político en el ejercicio de las funciones que les atribuye la representación de la ciudadanía. En la sesión de aquel día se aprobaba la asignación de una dotación económica mensual a los grupos políticos, conforme al siguiente detalle: “Un fijo por grupo de 1.000 euros, más un variable por número de diputados provinciales a razón de 340 euros por diputado, cantidades que quedan sujetas a revisión anualmente conforme determine el Pleno de la Corporación”.

En la actualidad “no existe un protocolo definido que marque el uso de esos fondos”, salvo unas simples orientaciones y recomendaciones verbales expresadas por la Secretaría General en la Junta de Portavoces. Tampoco existe un protocolo “que obligue a todos los grupos políticos a dar cuentas de en qué ha invertido estos fondos”.

Con las exigencias que la ciudadanía reclama a las administraciones, creen que “es necesario que se articulen los mecanismos necesarios para establecer los controles que la ley no contempla”. De hecho la Ley “no modifica la insuficiente regulación actual de las asignaciones económicas a los grupos municipales, que sigue quedando al albur de que el pleno decida pedirles cuentas a los grupos que lo forman”, ha asegurado.

Proposición completa aquí.

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