Queremos un Ayuntamiento “de cristal” y proponemos mejoras a la Ordenanza de Transparencia

Para la concejala Blanca Guinea el borrador de la ordenanza de Transparencia y Buen Gobierno que ha elaborado el equipo de Gobierno se puede considerar un pequeño avance, aunque lo califica de “insuficiente” para conseguir un Ayuntamiento “de cristal”. Ha señalado que este borrador es una copia “literal” de la norma planteada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con algunas adaptaciones a Burgos, pero que se queda corta.
Para la candidatura ciudadana es necesario que el Consistorio abra “puertas y ventanas” en la administración local.

Guinea ha reclamado que la información a disposición de la ciudadanía esté confeccionada  con “claridad y sencillez, que sea veraz y actualizada, con medios digitales abiertos y compatibles y disponible a para aquellas personas que no disfruten de  esos medios”.

Entre las medidas propuestas por Imagina Burgos se encuentran las que hacen referencia a que se actualice en la declaración de bienes y rentas los valores catastrales de los bienes de representantes políticos y altos cargos; en otro sentido, abunda en la necesidad de que se publique cada trimestre la justificación de las aportaciones a los grupos municipales, así como un desglose del gasto en publicidad institucional.

Una de las reclamaciones se refiere a que se especifique el conjunto de las ayudas y de las cuantías concretas de aquellos convenios en los que participe el Ayuntamiento de Burgos; y se detalle la información sobre las adjudicaciones, así como que se ofrezca más y más detallada información de la juntas de gobierno, convertido en un “bunker” y de las comisiones municipales.

La ordenanza contempla sanciones por uso inadecuado de la información facilitada al ciudadano, tales como con multas y la suspensión de contratos a fin de garantizar el cumplimiento de la ordenanza; e incluye otras por el uso “inadecuado” de la información que el Ayuntamiento ofrece a los ciudadanos. Pero Guinea va más allá. Ha apuntado que la administración no puede quedar libre “en caso de incumplimiento de la Ordenanza” y plantea sanciones para los servicios, áreas, trabajadores, políticos y adjudicatarios que no ofrezcan la información solicitada.

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